En todo el mundo, gobiernos y actores privados están cerrando vertederos en nombre de la modernización, la acción climática o el orden urbano. Pero para los millones de recicladores que han mantenido los sistemas de reciclaje durante décadas, estos cierres no se perciben como transiciones. Son desalojos. Significan perder el derecho al trabajo, ser expulsados de la ciudad, excluidos de las decisiones que moldean nuestras vidas y ser culpados por problemas ambientales que no creamos. Lo que se presenta como progreso a menudo resulta en represión: los vertederos cierran de la noche a la mañana, la policía llega antes que los servicios sociales y las empresas toman el control de los materiales sin reconocer a los trabajadores que los hicieron valiosos en primer lugar.
Desde África hasta Asia-Pacífico, desde América hasta Europa, nuestras afiliadas reportan el mismo patrón cuando sus lugares de trabajo están cerrados: ninguna consulta, ninguna garantía y ningún lugar para los recicladores en los llamados "nuevos sistemas". Narrativa ambiental, lenguaje técnico y marcos regulatorios se utilizan repetidamente para justificar la exclusión de trabajadores, especialmente mujeres, migrantes y comunidades racializadas que ya enfrentan múltiples formas de desigualdad. Estos no son casos aislados; representan una tendencia política global que amenaza nuestros medios de vida, nuestra dignidad y la continuidad de los movimientos organizados de recicladores en todo el mundo.
Rechazamos la idea de que los recicladores sean un problema que debe eliminarse. Durante generaciones, hemos desviado enormes cantidades de materiales de los vertederos, reducido las emisiones y protegido los ecosistemas, mucho antes de que el reciclaje, la reutilización y la reparación se convirtieran en parte de las agendas ambientales oficiales. Hoy, a pesar de que las grandes empresas desperdician o capturan grandes cantidades de materiales valiosos, a los recicladores se les niega cada vez más el acceso a materiales reciclables, reutilizables y reparables. Un sistema que descarta a los trabajadores mientras protege las ganancias no es moderno ni sostenible.
Ningún cierre de vertedero puede ser legítimo sin la plena participación de los recicladores desde el principio. Exigimos su reconocimiento como trabajadores con derechos y un papel decisivo en la planificación, implementación y supervisión de cualquier reforma del sistema de gestión de residuos. Cualquier reestructuración debe garantizar medios de vida seguros, acceso continuo a los materiales y alternativas reales para quienes optan por caminos diferentes. Cualquier otra medida constituye un desplazamiento forzado.
Denunciamos toda forma de criminalización y represión. Los cierres repentinos, los desalojos violentos y las narrativas que presentan a los recicladores como obstáculos para el progreso ambiental son incompatibles con una transición justa y democrática.
Trazamos una línea clara: no aceptaremos cierres que anulen nuestro trabajo, nos nieguen el acceso a materiales, proyectos que nos despojen de nuestro valor ni modelos que traten a los trabajadores pobres como desechables. Nuestra visión es la de ciudades donde los recicladores sean reconocidos como trabajadores ambientales, con condiciones laborales dignas, ingresos estables, voz política y control compartido sobre los sistemas que sustentan.
Hablamos con una sola voz global: Colabora con nosotros. Invierte en nosotros. Reconócenos. Colabora con nosotros. Un mundo sin recicladores es un mundo con más residuos y menos justicia.
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